En este caso, una propietaria hizo que su inquilino subarrendara su vivienda sin su permiso en la plataforma AIRBNB durante 534 días en 2016 y 2017, lo que le permitió cobrar 51.936,61 euros.
Se trata de una decisión histórica en la medida en que pondrá fin definitivamente a comportamientos ilícitos en la plataforma AIRBNB que podrían haber perjudicado a propietarios, usuarios de la plataforma, administradores de fincas y hoteleros, a todos los cuales he defendido durante muchos años.
A partir de ahora, las actividades ilegales ya no serán rentables para la plataforma y, si no las controla, tendrá que asumir las consecuencias perjudiciales, que ascienden a sumas colosales. Esta decisión era esperada, tenía que producirse.
Esta decisión es el fruto de una aventura jurídica de varios años destinada a responsabilizar a la plataforma AIRBNB permitiendo a los propietarios recuperar los alquileres ilegales y a cualquier víctima demandar a la plataforma en caso de daños cometidos a través de su intermediario.
AIRBNB ya no puede acogerse al estatus de anfitrión de contenidos, que no le era aplicable y que le permitía enriquecerse con actividades ilegales.
Existía la base jurídica para responsabilizar a los gigantes de la web, y los tribunales, garantes de nuestro Estado de derecho, se han encargado de que se respete.
El equipo de Goldwin que trabajó en este caso estaba formado por Jonathan Bellaiche
He aquí lo que dijo la prensa al respecto:
